Redacción.- El estado de Querétaro se quedará sin futbol con aficionados en las gradas durante un año, tras la resolución de la Asamblea de Dueños luego de la violencia suscitada el pasado sábado en el estadio La Corregidora, durante el partido Querétaro contra Atlas.
Otra sanción que se confirmó por parte de la asamblea extraordinaria fue la desafiliación de la directiva queretana que encabeza Gabriel Solares, con lo cual la administración del equipo volverá a Jorgealberto Hank. El también dueño de los Xolos de Tijuana había vendido el equipo hace unos meses a un grupo de empresarios, de los cuales solo queda Solares, pero aún no se completaba el pago de la franquicia, por lo que volverá a manos de Hank. La directiva tendrá hasta que finalice el 2022 para vender el equipo nuevamente.
«Se impone al Club Gallos Blancos de Querétaro una sanción consistente en jugar durante 1 (un) año todos los partidos que juegue como local a puerta cerrada, debiéndose computar dicha sanción del 08 de marzo de 2022 al 07 de marzo de 2023. Se precisa que, el Club podrá disputar sus partidos como local en la Sede actual o en otra sede para lo cual, deberá contar con la autorización de las autoridades de la LIGA MX. Por lo que hace a las categorías de Fuerzas Básicas y Femenil, se precisa que deberán de jugar durante (un) 1 año a puerta cerrada, pudiendo ser disputados en la misma Sede (Estado de Querétaro)», se lee en el comunicado que emitió la Federación Mexicana de Futbol.
Una de las principales sanciones que esperaban era la eliminación de las barras, situación que no llegó. Solamente se sancionó a la barra de Querétaro con tres imposibilitados de entrar a los juegos como locales de los Gallos Blancos y de un año para los partidos como visitantes.
En el caso de la barra de Atlas, no podrán acudir a los partidos de visita de los Rojinegros durante seis meses. Todas estas sanciones cominenzan a correr a partir de hoy, 8 de marzo.
Finalmente, se castigó a Querétaro con el partido perdido en la mesa ante Atlas, con marcador de 3-0, y una sanción económica que ronda los 1.5 millones de pesos.
